Sistema judicial, cómplice en el despojo de tierras a comunidades afrodescendientes en Cartagena
Por las denuncias que hacen los afectados, esto a sido la constante en dos de los más sonados casos de atropellos y despojos en contra de este grupo poblacional en Cartagena, donde las acciones judiciales por estos proceso no avanzan y por el contrario, son cada vez más evidentes los abusos en su contra. Tierrabomba, Magulla, Arenales y Membrillal son ejemplos del perverso inequilibrio del aparato judicial.
Son terrenos con un alto valor económico, que mediante argucias en notarías, oficinas de instrumentos públicos y juzgados, han logrado ser arrebatadas a comunidades que tienen en común no solo el color de su piel, sino el origen humilde que les impide luchar de tú a tú con ese emporio financiero llamado grupo Santo Domingo. En algunos casos las acciones son realizadas de manera directa y en otras aparece la Fundación para que sus actuaciones no tengan un mayor rechazo ante la ciudadanía.
Casos documentados por organizaciones que defienden los derechos humanos y ancestrales, no logran una explicación ante la manera como estás víctimas han sido desplazadas, judicializadas y revictimizadas, ante la mirada complaciente de inspectores de policía, alcaldes locales y funcionarios de alto nivel de la administración de Cartagena y de la nación, que toman decisiones sin tener en cuenta los antecedentes de este tipo de litigios.
En Tierrabomba, los poseedores han sido engañados una y otra vez, perdiendo cada vez más sus propiedades, con la complacencia del gobierno nacional, que aparece en conjunto con el grupo empresarial Santo Domingo e inversores internacionales en el desarrollo de un megaproyecto turístico en una área de 200 hectáreas en esta zona de Cartagena. En Tierrabomba, los ancianos dicen que la justicia divina existe, y los reafirman al señalar que mientras les sigan robando lo que legalmente les pertenece, el proyecto turístico no avanzará.
Y lo que se presenta en la isla es una copia exacta de lo que sucede en los predios Magulla, Arenales y Membrillal, que le han sido arrancado a sus legítimos propietarios con argucias y falsificando documentos, que ningún juez o autoridad se ha tomado el trabajo de comprobar si son realmente legales.
«Este es un trabajo que hemos venido realizando de manera juiciosa, por qué tenemos las pruebas documentales de como ha sido el proceso para el robo de amplias franjas de terrenos de la Familia Hernández, a quienes han querido mostrar cómo invasores, cuando son los legítimos herederos de los tres predios (Arenales, Magulla y Membrillal), que fueron adquiridos de manera legal por su padre Pedro Hernández Altamar», explica Ángel María Carrillo, abogado de la familia Hernández.
En la próxima audiencia, donde hemos solicitado la vinculación de la cantante Shakira, vamos a demostrar con argumentos y pruebas, como ha sido el entramado para que la Fundación Santo Domingo hoy argumente que más de 170 hectáreas ubicadas entre Cartagena y Bayunca son de su propiedad, anota el abogado Carrillo.