Inició cumplimiento de sentencia judicial que ordena restitución de tierras a 30 familias en zona rural del Carmen de Bolívar

Con la socialización, la Unidad de Restitución de Tierras inicio el proceso que le permitirá a estas familias de la vereda Tierra Grata en el Carmen de Bolívar, recuperar las propiedades que habían perdido por las acciones de los grupos ilegales en esta zona del departamento desde el año 2000.

El fallo del Tribunal Judicial de Cartagena, dicta la formalización de 210 hectáreas a 29 familias y otorga a un segundo ocupante tierras en iguales características a las restituidas, así como acceso a proyectos productivos y vivienda.

“Con el reconocimiento de la restitución, las 30 familias víctimas de la violencia emprenden un proceso transformador que liderará la Unidad de Restitución de Tierras. Damos el primer paso con esta jornada comunitaria realizada en la vereda por nuestro equipo de cumplimiento de ordenes judiciales, l con la finalidad de socializarles el alcance de las medidas decretadas por el Tribunal y resolver las inquietudes de lo beneficiarios”, señaló la directora de la entidad en Bolívar y Sucre, Mileth Agámez López.

Durante la actividad, se empezó a diseñar en conjunto con las familias beneficiadas, los planes de inversión que permitirán implementar iniciativas sostenibles en sus predios. Para la reactivación productiva de los restituidos de Tierra Grata, la URT hará una inversión de alrededor de $960 millones, reveló Agámez López.

“Estas acciones mejorarán la economía familiar y la calidad de vida de los habitantes de la vereda, toda vez que el fallo también contempla medidas que alinean la oferta estatal en beneficio de toda la comunidad”, agregó la directora territorial.

La sentencia ordena a la Unidad de Restitución de Tierras, a los entes territoriales y demás entidades competentes activar la oferta institucional y aunar esfuerzos para la materialización de la restitución y otras medidas complementarias que aseguren el uso y goce efectivo de las tierras.

Además, requiere a las dependencias del orden local, departamental y nacional, la inclusión con prioridad y enfoque diferencial de los titulares del derecho de restitución y sus respectivos grupos familiares, en los programas y estrategias diseñados para la atención, prevención y protección de la población en situación de desplazamiento.

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