Masacres y despojos en contra de comunidad afrodescendiente en Cartagena, en la mira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Las denuncias sobre este tipo de situaciones han sido notificadas por veedurías ciudadanas, ante la falta de garantías con los que no han contado procesos judiciales como el de la familia Hernández y la sistemática violación a sus derechos con la complacencia de la institucionalidad.
En la misiva que envía y firma Carlos Bossa Ojeda como presidente de la Veeduría Social, se solicita a esta instancia internacional para que se investigue las violaciones a los derechos humanos, masacres y despojos de tierras a minorías étnicas en Cartagena.
Para el veedor Bossa Ojeda, estos hechos anormales han sido constantes desde hace varias décadas, con hostigamientos, amenazas y muertes, con una sola finalidad y es el despojo de sus tierras.
“Los hechos violentos y que se encuentran debidamente documentados, han sido permitidos por personajes y entidades con poder económico y muchas influencias, lo que se ve reflejado en la complicidad de funcionarios públicos, quienes amparan y patrocinan actuaciones absurdamente ilegales”, recalca el veedor ciudadano en su misiva a la CIDH.
Un capítulo especial es la situación que se presenta entre la familia Hernández, la Fundación Santo Domingo y la cantante Shakira por la construcción de un MegaColegio, donde se pretende llevar a cabo dicha obra, sin tener en cuenta la posesión que tiene sobre dicho predio la mencionada familia, anota el veedor Bossa Ojeda.
“Como garantes de los derechos fundamentales de la comunidad, confiamos en las acciones que se adelante desde el alto tribunal y por fin la justicia prevalezca sobre los intereses oscuros que han rodeado escabrosos episodios judiciales de la reciente historia en Cartagena”, anota finalmente el veedor ciudadano, Carlos Bossa Ojeda