Investigan presuntas actuaciones omisivas de funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de Cartagena
La construcción del proyecto habitacional Aquarela y la presunta negligencia en las acciones para evitar futuras situaciones como las registradas en el desplomado edificio Portal de Blas de Lezo II, son las causales para que la Procuraduría general anunciara la apertura de investigación en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de Cartagena.
Dentro de los indiciados se encuentra el actual mandatario de Cartagena, William Dau Chamat, el exalcalde (e), Pedrito Pereira Caballero; el secretario de infraestructura, Gonzalo Jacome, los exjefes de ese despacho, Clara Calderón Muñoz y Edgar Marín Tamara; el secretario de planeación, Guillermo Ávila Barragán, el coordinador de gestión de riesgo, Fernando Abella Rubiano, la excoordinadora de esa dependencia, Laura Mendoza Bernett; el inspector de policía de la comuna 2, Renzo Javier Orozco Ribón y quién ocupaba este cargo Paola Serna Tobías.
Para la procuraduría delegada para la conciliación administrativa, el proyecto multifamiliar Aquarela, es la clara muestra de la desidia gubernamental al no tener una resolución de funcionarios de la anterior administración no de la actual, al no ejecutar las órdenes de demolición en los eventos en que sea necesario y lograr la restitución del espacio público invadido por los constructores del proyecto.
El informe resaltó que ante las deficiencias de sismo resistencia que presenta la estructura, la Oficina de gestión del riesgo de desastres de Cartagena ha omitido convocar al comité para evaluar la posibilidad de hacer una declaratoria de calamidad pública frente a esa edificación.
Para el ministerio público, las presuntas irregularidades en la construcción del multifamiliar Aquarela “colocan en grave riesgo el rótulo de Patrimonio Histórico de la Humanidad que posee dicha ciudad, además de violar derechos colectivos como lo son el espacio público y la seguridad y la salubridad pública”.
Indicó que esas conductas omisivas podrían calificarse como faltas disciplinarias graves y gravísimas, y tener, incluso, connotaciones penales para los posibles responsables.
Así mismo la Procuraduría cuestiona que las administraciones han incumplido, sin justificación alguna, los compromisos adquiridos en el Plan de Normalización Urbanística, luego de registrarse el lamentable episodio del desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, sobre todo en lo relacionado con la necesidad de demoler 7 de los 16 edificios construidos por la familia Quiroz, por no cumplir las normas de sismo resistencia.
En el informe se llamó la atención sobre el hecho de que tres de esas construcciones (Alpes 31, Portal de los Alpes y Portal de Blas de Lezo I), presentan un avanzado deterioro estructural y amenazan ruina, con el agravante de que algunos propietarios están ocupando nuevamente los edificios desalojados por el incumplimiento en el pago de los subsidios de arriendo.
Para el Ministerio Público, las posibles conductas cometidas podrían calificarse como faltas graves y gravísimas.