Inhabilitan por 18 años a exdirector de Cardique, por irregularidades en la contratación de $17.000 millones de pesos

La decisión de la Procuraduría general que cobija a Olaff Puello Castillo, director de la entidad ambiental entre los años 2011 y 2018, está relacionada con irregularidades en la contratación de trabajos para el retiro de sedimentos y vegetación en caños, canales, arroyos y reservorios, por un valor superior a los 17 mil millones de pesos.

Dentro de este proceso disciplinario, también se encontraba vinculada, la exdirectora de planeación de la corporación Autónoma del canal del dique-Cardique, Katherine Martelo Fernández quien fue sancionada con destitución e inhabilidad de 16 años.

Durante la etapa de investigación, se estableció que hubo fraccionamiento y cartelización en la firma de los contratos, pues fueron suscritos 135 mediante la modalidad de selección abreviada con el mismo objeto y actividades a ejecutar, sin tener en consideración que a través de un proceso de licitación pública, se habría podido desarrollar con austeridad, eficiencia, transparencia y responsabilidad la escogencia de uno o varios contratistas.

La Procuraduría señaló que las deficiencias en la planeación permitieron beneficiar en forma directa e irregular a la red de empresas que contrató con Cardique, dándoles la posibilidad, en el marco de los negocios jurídicos celebrados, de reducir sus costos económicos a través maniobras que van en contravía de la normatividad vigente, reduciendo además el amparo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual al 5% del valor del contrato, cuando por ley correspondían 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para de esta forma disminuir el precio a pagar por concepto de prima a la aseguradora”.

La Procuraduría anota que la red de contratistas se conectaba “a través de la figura del director o residente de obra, y que aparece en los 135 procesos de selección, favorecíendo a este grupo de personas naturales y jurídicas”.

Otra de las irregularidades halladas por el Ministerio Público fue que en los 135 contratos figuraba un mismo topógrafo, lo que se constituyó en una prueba más de la interrelación existente entre los diferentes contratistas, pues todos y de manera común, compartían a un mismo miembro del equipo de trabajo.

Para el órgano de control, las irregularidades presentadas en los procesos de selección ocasionaron el incumplimiento de los fines de la contratación estatal, pues la entidad “no estableció ni solicitó a través de sus funcionarios evidencias suficientes del desarrollo, avance y finalización de las obras, lo cual impidió conocer en forma debida, cuáles fueron los resultados de la ‘relimpia’, las mejoras ambientales presentadas en cada uno de los puntos intervenidos, la población beneficiada en los municipios, las acciones preventivas o informativas sujetas al cuidado del agua y la generación de empleos por cuenta de la suscripción de los contratos”.

Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que los investigados vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva, economía, planeación y responsabilidad, y calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

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