Imputan responsabilidad fiscal por irregularidades en contrato de peajes en Cartagena
La decisión de la Contraloría General involucra a los exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización de Cartagena, Dionisio Arango Cantillo, Luz Marina Figueroa Salgado, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal, a los exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano-EDURBE, Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador, además de la sociedad Concesión Vial de Cartagena-CONVIAL, por el detrimento patrimonial que sufre el Distrito en cuantía de $22.354 millones con ocasión de la ejecución del contrato de concesión de peajes.
Según el órgano de vigilancia fiscal, la pérdida de recursos públicos se da por la retribución realizada al concesionario a partir del cumplimiento de la tasa interna de retorno del proyecto, ocurrida en el año 16 del mismo (que comprende el periodo de enero de 2014 a enero de 2015 y que cierra el año con una TIR de 17.27%), generando un detrimento para el distrito de Cartagena y un beneficio para el concesionario en la cuantía antes señalada.
Estos giros se realizaron como consecuencia de la inclusión en el modelo financiero del proyecto de los rubros reconocidos por concepto de obras complementarias e interventoría de las mismas, así como el 15% otorgado al Departamento Administrativo de Valorización de Cartagena para adelantar la gestión administrativa y gerencial de las obras complementarias.
La retribución al concesionario fue pactada a la TIR del proyecto (17.22%), desplazando su cumplimiento en el tiempo, sin estudios económicos y financieros que reflejaran la realidad económica del momento en que se incorporaron estos rubros al modelo del contrato de concesión inicial.
Dicho contrato tenía por objeto el diseño, construcción, mantenimiento y operación del corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena, conformado por los subproyectos corredor de carga, zona industrial y portuaria, y accesos desde la zona industrial de Mamonal.
El contrato fue adicionado para realizar las obras complementarias relacionadas con el puente peatonal Olga Gonzalez de Arraut, la Transversal 54 y sus anexos, así como la interventoría de estas y los costos de gestión administrativa y gerencial, lo cual para la Contraloría General obedeció a una gestión fiscal antieconómica e ineficiente.
Una vez notificada la providencia, las personas naturales y jurídicas a las que se les imputó responsabilidad fiscal cuentan con 10 días hábiles para presentar sus argumentos de defensa respecto de las imputaciones efectuadas, así como solicitar o allegar las pruebas que pretendan hacer valer.
Adicional, el organismo de control determinó archivar los procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba contra los exalcaldes Judith Pinedo Flórez, Manuel Vicente Duque Vásquez, Eduardo Vizcaino, Carlos Díaz Redondo, Alberto Barboza Senior, Dionisio Fernando Vélez Trujillo y Pedrito Pereira Caballero.
Igual medida cobija a los exdirectores de Valorización de Cartagena, Jorge Luis Marimón Blanco, Andrés Cardona San Juan, Jorge Tadeo Murra Yacamán, José Rubén Trujillo Ramos y Germán Fonseca Castillo y los exgerentes de la empresa Edurbe, Alfredo Bula Dumar, Bernardo Enrique Pardo Ramos, Oscar Nicolás Brieva Rodríguez, Ramón David Exposito Vélez, Javier Toloza Amaris y Marlene Romero Saenz.