Concesión vial a regresar dineros cobrados de más por manejo de peajes internos en Cartagena

Para la Contraloría General, el daño patrimonial en contra del distrito de Cartagena podría superar los $300 mil millones de pesos, generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes en la ciudad.  

Según el órgano de control fiscal, el daño pasó de $3.500 millones a $89.000 millones, a precios de 1997, que equivalen a $300 mil millones de pesos de hoy. 

Dentro de la investigación, se logró determinar graves inconsistencias en la información y soportes de costos y gastos de la operación, lo que llevó a y realizó un nuevo cálculo de acuerdo con la Tasa Interna de Retorno pactada en el contrato de concesión, lo que concluyó que la TIR se habría alcanzado en el año 2015. 

El organismo de control por estos hechos vinculó al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta a 7 exalcaldes de Cartagena, exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE, quienes son llamados a dar explicaciones sobre los hechos generadores del detrimento fiscal. 

Dentro de los nuevos vinculados como presuntos responsables fiscales están, además, el mandatario del concesionario, así como el interventor.  Con el garante (la compañía aseguradora Mapfre), llegan en total a 39 los vinculados. 

Para la Contraloría General, no se evidencia una relación pormenorizada de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre su pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión. Tampoco se evidencia un análisis sobre su veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado.   Debido a la naturaleza pública de fuentes de recursos como valorización y peajes de los cuales es titular el Distrito de Cartagena, que deben destinarse a financiar los costos y gastos de la concesión, el control fiscal excepcional de la CGR  tiene como propósito resarcir el detrimento fiscal que se ocasione por un desplazamiento en la satisfacción de la TIR del concesionario con motivo de costos y gastos que no guarden pertinencia, justificación técnica ni razonabilidad con el objeto de dicha concesión.

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