Un entramado sin fin rodea el despojo en terrenos donde se proyecta construir Megacolegio de Fundación Pies Descalzos
Irregularidades en la inscripción de estructuras públicas, bloqueo en las matriculas inmobiliarias de 4.000 predios en la oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena y una extraña actuación al interior de notarías al momento de elevar a escrituras públicas predios en litigios, hacen parte de las denuncias que se vienen haciendo desde hace más de 40 años en torno a la propiedad de una amplia zona de terrenos de la familia Hernández ubicadas entre el área urbana de Cartagena y el corregimiento de Bayunca.
Análisis realizados desde distintas instancias como la Comisión de la Verdad, expresan su preocupación ante la forma es que se han dado estos procesos de despojos en comunidades afrodescendientes y ancestrales, en las que las víctimas son objeto de represión y abusos por parte de instituciones del estado que finalmente terminan defendiendo a los más poderosos.
«Esta situación de arrebatar las tierras se ve en predios de alto valor económico como Magulla, Arenales y Membrillal, y se replica en la isla de Tierrabomba, comunidades ancestrales como San Basilio de Palenque y en zonas afectadas por el conflicto armado», señala un informe realizado por una ong defensora de los derechos a víctimas de este tipo de actos.
Un hecho que llama la atención y que ha sido denunciado por la familia Hernández y sus apoderados en el extenso proceso por la defensa de su patrimonio es la aparición injustificada de una persona (Alfredo del Campo y Castro), dentro de la anotación No 1 en la MI No 060-54391, como heredero de Pedro Hernández Altamar, siendo que los hijos del señor Hernández Altamar no vendieron sus derechos al mencionado señor. A estas irregularidades se les suma la aparición posterior de las escrituras #580 de 2012 y #4686 del 19 diciembre de 2007, donde se escinden franjas del predio de manera ilegal, denuncian los herederos de los predios.
«Nunca se registró dicha venta y esta ha sido una batalla jurídica que se viene dando desde el año 1940, cuando se cometió este error (anotación No 1 de la MI No 060-54391), sin que se tenga una respuesta positiva de este anormal hecho», señala Ángel María Carrillo, quien encabeza al grupo de abogados que representa a la familia Hernández en este litigio frente a la Fundación Santo Domingo.
Para el Presidente de la Veeduría Popular por Cartagena Héctor Pérez Fernández, el cúmulo de abusos y atropellos jurídicos cometidos durante todas las etapas de este proceso, ameritan una intervención urgente de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, ante la falta de garantías para las víctimas en desarrollo del mismo.