Tutela suspende diligencia judicial en predio ubicado en Turbana, Bolívar

La orden de desalojo del predio ubicado en la vereda Cachenche, estaba programada para el día 16 de febrero, pero la misma fue suspendida por el Juzgado Promiscuo de Turbana, quien admitió una acción de tutela instaurada por Ana Lucía Miranda García en contra de la Sociedad de Activos Especiales-SAE.

En la admisión del amparo constitucional, se solicita a la Alcaldía de Turbana, Personería Municipal, SAE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gobernación de Bolívar, Agencia Nacional de Tierras, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, entregar en un plazo no mayor a las 48 horas, un informe sobre los hechos materia de la presente tutela.  

Dentro de este proceso, la comunidad que ocupa el predio vienen realizando denuncias por una serie de irregularidades acompañada de presiones, especialmente de funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales.

“Son 220 familias, es decir más de 900 campesinos, quienes desde hace más de 10,15 y hasta 20 años de manera pacífica poseen y explotan económicamente unas tierras en sector Cachenche en Turbana, y hoy los quieren desalojar de sus viviendas y cultivos de pancoger”, explica el presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, Héctor Pérez Fernández, una de las organizaciones que vienen acompañando este proceso.

Los afectados señalan al Gerente Norte de la SAE, Juan Pablo Valbuena, como el directo determinador de esta anormal situación que se presenta. “Nos quieren desalojar a través de un proceso en curso de extinción de dominio del cual nunca tuvimos conocimiento.

Nunca se ha conocido propietario de estas tierras, las cuales fueron abandonadas hace muchos años, no valían nada, estuvieron enmontadas, con proliferación de animales y refugios de delincuentes, y fueron recuperadas por este grupo de campesinos, limpiadas, cultivadas, productivas, tenemos frentes de seguridad y algunas viviendas”, indica Enaldo Tovar, presidente de la Asociación Campesinos Monte De Dios-Turbana.

Para el veedor Pérez Fernández, el interés de la SAE coincide con la extensión empresarial que se viene presentado en la zona. “Es tan absurda la situación que, en días pasados llegó una funcionaria de la Sociedad de Activos Especiales, que desconocía cuáles son las tierras a desalojar y fueron los mismos campesinos quienes la guiaron a hacer un censo parcial de cerca de 60 familias. Nadie sabe cuáles son los reales linderos, dimensiones de los linderos, ni la real cabida de la finca que está en conflicto por un señor que fue supuesto dueño hace 24 años, porque aquí no ha habido dueño”, señala Pérez Fernández.

Como veeduría y sociedad civil vamos a seguir acompañando a esta comunidad, ante lo que se pretende hacer de manera irregular por el mismo estado que debería estar defendiendo los derechos de los más necesitados, anotó Pérez Fernández.

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