Transcaribe y la crónica de una parálisis anunciada

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Por. Federico Archbold Botett

Desde hace varios meses e instancias, se venía advirtiendo sobre la situación económica que padecen todos los actores que hacen parte del sistema (Colcard, Sotramac, Transambiental y Transcaribe operador), que tiene en la incertidumbre a miles de cartageneros que desconocen qué sucederá con la prestación del servicio a partir de este martes.

Es que las dudas precisamente radican en cómo funcionará el sistema, sin tener las garantías para el despacho de los buses del sistema, sumado a que no existirá la posibilidad de hacer una recarga en las taquillas, al encontrarse deshabilitado la plataforma. 

A esto se le debe sumar que en los próximos días los operadores Sotramac y Transambiental, propietarios de los buses articulados, padrones y busetones, estarían entrando en una parálisis por los millonarios recursos que se les adeuda y que los tienen prácticamente en las ruinas.    

Esta situación se encuentra relacionada con la millonaria deuda que tiene Transcaribe como administrador del sistema de transporte, con cada uno de los jugadores que hacen posible que miles de cartageneros se movilicen a diario desde sus viviendas hacia sus lugares de trabajo o estudio.

Desde el mes de febrero de 2021, se venía advirtiendo por la Procuraduría General a través de la Provincial Cartagena, sobre lo que se podría presentar con Transcaribe de no tomar las acciones del caso.  Uno de estos oficios, con fecha 05 de febrero “instaba de manera preventiva al alcalde William Dau Chamat, y a la gerente de Transcaribe, Sindry Camargo Martínez, para que, en Junta Directiva de la entidad, se adoptaran las acciones necesarias que garantizaran la continuidad y eficiencia del servicio público de transporte”.  

En el oficio del órgano disciplinario se le solicitaba además a la gerente de Transcaribe, “presentar un informe sobre la situación financiera y operativa de la empresa, gestiones realizadas para garantizar la prestación del servicio, el estado de los recursos destinados para el proceso de chatarrización, la actualización de las tarifas y la situación de las obligaciones vigentes con los tres operadores del servicio”.

Abrir los torniquetes y decretar gratuidad durante dos días, como lo hizo la gerencia de Transcaribe durante los días 21 y 22 de marzo, tiene implicaciones que van más allá de obviar su responsabilidad económica con los actores que hacen posible la funcionalidad del sistema. 

Este hecho además genera interrogantes en la ciudadanía. ¿Cuántas personas se movilizaron en el sistema durante esos dos días y quien asume el valor dejado de recaudar por concepto de utilización del servicio?.  ¿Quién cancela el valor del combustible en los vehículos utilizados en la operación durante estos dos días?. ¿La suspensión del software, afecta el sistema de cámaras de seguridad en las estaciones?, son algunos de las preguntas que se formulan y que no han sido resueltas por la entidad gestora.

Por el bien de la ciudad, se espera una salida sensata del distrito, que permita que los miles de usuarios del sistema continúen utilizándolo, sin el traumatismo registrado durante la última semana.  

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