Refuerzan acciones preventivas en la Ciénaga de la Virgen
Frente al proceso de ocupación ilegal, rellenos sobre cuerpos de agua, tala de manglar y transformación irregular del territorio, que afecta zonas en los corregimientos de La Boquilla, Tierra Baja y Puerto Rey, en Cartagena, la Procuraduría viene adelantando actuaciones preventivas, judiciales y de seguimiento institucional, orientadas a proteger el cuerpo de agua.
El organismo mediante un oficio dirigido a la Alcaldía de Cartagena, Alcaldía Local de la Virgen y Turística, Dirección General Marítima-DIMAR, Policía y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, solicitó el fortalecimiento inmediato de las acciones de protección sobre la Ciénaga de la Virgen.
Como parte de este proceso, en marzo del 2026, la Procuraduría presentó una acción de tutela contra el Distrito de Cartagena, Ministerio de Ambiente, Cardique, DIMAR, Policía Metropolitana de Cartagena y Fiscalía General, con el propósito de obtener medidas urgentes para la protección de los derechos fundamentales relacionados con el ambiente sano, la salud, el acceso al agua, la vida digna y los derechos de las generaciones futuras.
Mediante sentencia del 23 de abril de 2026, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena concedió de manera transitoria el amparo constitucional y ordenó a las autoridades accionadas adoptar medidas inmediatas para impedir nuevas ocupaciones ilegales, rellenos en zonas de bajamar, tala de manglar y demás intervenciones que continuaran degradando la Ciénaga de la Virgen, por un término de cuatro meses.
Sin embargo, el 14 de mayo de 2026, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, revocó el amparo transitorio concedido en primera instancia. Frente a esta decisión, y ante el riesgo de que se debilitara la respuesta institucional que se había logrado activar, la Procuraduría expidió oficio.
El Ministerio público reitera que “la protección de la Ciénaga de la Virgen constituye una obligación constitucional, ambiental y ética que no admite más dilaciones”.
Para la Procuraduría, la pérdida progresiva de este ecosistema implica también la pérdida de biodiversidad, regulación hídrica, protección frente a inundaciones y servicios ambientales esenciales para miles de familias cartageneras y para las futuras generaciones.