Procuraduría y Ministerio de Cultura ordenan demolición del edificio Aquarela

Esta exigencia a la alcaldía de Cartagena, está respaldada por los resultados de un estudio hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros-SCI, que determina el inminente riesgo al que están expuestos los ciudadanos que habitan a los alrededores de esta torre de apartamentos que se construia en el barrio Torices y muy cerca al Castillo de San Felipe.

El estudio técnico concluye que a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir con los requerimientos del reglamento NSR 10 (Norma Sismo Resistente).

Para la Ministra de cultura, Carmen Vásquez Camacho, el informe suministra los elementos técnicos necesarios para que las autoridades distritales de Cartagena ejecuten las órdenes impartidas en el proceso policivo sancionatorio y procedan a demoler el edificio Aquarela, única opción técnica recomendable para restituir el espacio público.

«Hay que recordar que desde distintas instancias a nivel mundial, se habían emitido conceptos que colocaban en riesgo el título de patrimonio de la ciudad, precisamente por esta construcción que se desarrollaba cerca del Castillo de San Felipe de Barajas», anotó la funcionaria.

El Procurador Fernando Carrillo Flórez advirtió que con el informe de la Sociedad Colombiana de Ingeniería termina la incertidumbre y por las determinaciones técnicas que se han dado alrededor del edificio Aquarela, ya hay que tomar decisiones de policía y administrativas que pongan fin a lo que ha sido lamentablemente una pesadilla y puede convertirse en una tragedia para la ciudad de Cartagena.

En el informe, solicitado por las dos entidades, la SCI también indicó que la torre no estaría en capacidad de resistir los cambios de diseño requeridos para que el constructor del proyecto restituya el espacio público, lo que representaría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Se espera que la alcaldía de Cartagena acate está orden emanada por estas dos instancias, ante el riesgo en el que se encontrarían las comunidades que habitan cerca del fallido proyecto habitacional.

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