Primeras decisiones por el caso Aquarela, adopta la Procuraduría general

Estas medidas cobijan al actual curador urbano 1 de Cartagena, Ronald Llamás Bustos y al exgerente de Corvivienda Luis Alberto Vélez Carrasquilla, por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia de construcción y las certificaciones de viviendas de interés social al proyecto Aquarela.

En la investigación que adelantó la provincial Cartagena del ministerio público, se halló una autorización del curador Llamas Bustos para que esté multifamiliar tuviera 31 pisos, violando la altura permitida por el plan de ordenamiento territorial de esta capital y la normativa para proyectos de vivienda de interés social.

Esta situación estaría afectado el cono visual del Castillo de San Felipe de Barajas, que tendría en riesgo la calificación de Cartagena como Patrimonio Histórico de la humanidad.

Aparentemente el Curador Llamas Bustos habría concedido la licencia de construcción en un terreno que se encuentra por fuera de la zona de expansión urbana, establecida en el POT para el desarrollo de proyectos VIS en la ciudad, señala la investigación de la procuraduría.

Al exgerente (e) de Corvivienda, la Procuraduría le cuestionó la presunta expedición al proyecto multifamiliar Aquarela del certificado de vivienda de interés social, sin que al parecer contara con los estudios previos que permitieran clasificar el terreno donde se realizaría la construcción, como apto para el desarrollo de viviendas de interes social.

Por estos hechos, la Procuraduría profirió dos cargos disciplinarios contra Llamas Bustos, calificados como presuntas faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima, mientras que la falta de Vélez Carrasquilla fue calificada como grave a título de culpa grave.

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