Presuntos miembros del ELN que fueron capturados en el sur de Bolívar, son enviados a la cárcel
Con medidas de aseguramiento fueron cobijados los presuntos miembros del proscrito Ejercito de Liberación Nacional-Eln, capturados en operativos por los organismos de seguridad en varios allanamientos realizados en el sur de Bolívar El pasado 29 de julio.
El juez de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía, quien imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravado a Dayris Palomino Salas, alias «Picho»; Dainer Palomino Ramírez, alias «Topillo»; Juan Manuel Matus Rangel, alias «Matos»; Miguel Antonio Cuello Mora, alias «Miguel»; Bercelis Oliveros Rodríguez, alias «Bechy»; Wainer Mejía Castillo alias «Samuray»; Wilson Rafael Atencia Soler, alias «Wichos Gozadera»; Jacob Gutiérrez Obregón, alias «Jacob»; Amalfi Mejía Dita, alias «Amalfi»; Emilio Paz Camero, alias «Gamero»; Robinson Cuesta Umaña, alias El «Paisa»; José Víctor Pérez Ardila, alias «Sebis»; Jaime García Palomino, alias El «Paisita»; Eiver Quiñónez Amaris, alias «Eiver»; José Esteban Ardila Segovia, alias «Estevita», Manuel de Jesús López Hernández, alias «Manuel» y René Carreño Roa, alias «El Inspector».
La investigación de las autoridades señala que 28 víctimas reconocieron a los hoy judicializados de ser miembros de la subestructura Luis José Solano Sepúlveda, perteneciente al frente ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, que opera en algunos municipios del Sur de Bolívar.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía y expuesto durante las audiencias, reveló que algunos capturados serían usados como fachadas en minas o en el comercio de los municipios de Montecristo, San Martín de Loba, Achí, Santa Rosa del Sur y Norosí, para supuestamente detectar los ingresos de los pobladores dedicados a la ganadería, minería y comercio y, posteriormente, entregarían la información a los cabecillas de la organización para hacer las exigencias económicas.
Así mismo durante las audiencias, el ente investigador denunció que los ganaderos deberían pagar sumas extorsivas entre 5 mil y 10 mil pesos por cada semoviente que tuvieran en sus fincas, y los mineros entre el 10% y el 15% de las ganancias de la producción minera, para evitar atentados contra sus vidas o la de sus familiares.