Preocupación ante incumplimiento de fallo judicial que protege al Archipiélago de islas del Rosario y San Bernardo en Cartagena

Desde la Procuraduría se vienen convocando a diversas autoridades del orden nacional y el distrito de Cartagena, para que se defina un plan de acción conjunto, que posibilite retomar el cumplimiento del fallo emitido por el Consejo de Estado en el 2011 para la protección ambiental del archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.

Desde el Ministerio público, se vienen denunciando presunta omisiones e incumplimientos de la sentencia, lo que ha incrementado problemáticas relacionadas con la ocupación ilegal en zonas de baja mar y de baldíos; construcciones sin permisos de las inspecciones de Policía e inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, que ocasionan vulneraciones de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público; la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico, y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

A la reunión prevista a desarrollarse este 24 de agosto, han sido convocado el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y Naturales de Colombia, Agencia Nacional de Tierras, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-Cardique, Dirección General Marítima-Dimar, a las autoridades con competencia en la zona insular del distrito y a los representantes de los consejos comunitarios Orika y San Bernardo.

Adicionalmente, el órgano de control solicita la presencia del alcalde William Dau Chamat y los secretarios General del Distrito, Luis Roa y Planeación, Juan David Franco, para que den respuestas a los requerimientos hechos por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios al distrito de Cartagena sobre el cumplimiento de la sentencia, y explicar las acciones que el ente territorial tiene previstas por la defensa de estos ecosistemas.

El encuentro también contará con la participación del coordinador nacional del eje temático medio ambiente de la Fiscalía General de la Nación y del contralor Delegado Sector Medio Ambiente.

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