Organismos de control y judiciales ponen lupa a convenio entre el distrito y Fundación Santo Domingo, para el desarrollo de proyecto educativo y CDI

Sin atender los requerimientos y advertencias que se vienen haciendo desde distintas instancias y entes de control, este martes 24 de marzo, el distrito estaría realizando la firma del convenio, donde reciben una extensión de terreno en el predio Magulla de parte de la Fundación Santo Domingo, para la ejecución del proyecto del colegio Pies Descalzos y un Centro de Desarrollo Infantil, financiados por estas dos entidades.

Estas iniciativas y su construcción no tendrían nada de extraño, sino fuese por qué el lote que sera cedido, hace parte del litigio de tierra que desde hace más de 20 tienen los poseedores de dicho inmueble, la familia Hernández, con la Fundación Santo Domingo, quien de manera extraña aparece ahora como la propietaria de dicho inmueble, incluyendo unas escrituras de dudosa procedencia.

Desde diversos sectores se le ha venido indicando a los diferentes Alcaldes que ha tenido Cartagena, empezando por Judith Pinedo hasta el ahora mandatario Willian Dau, sobre la inconveniencia de continuar adelantando un proyecto habitacional y ahora educativo, en una zona que se encuentra bajo un proceso judicial, donde en los próximos días se estaría anunciando decisiones de parte de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía general de la nación, ante las denuncias que han sido interpuestas por veedurías, ciudadanos y organizaciones civiles.

Según se ha podido establecer, desde el Ministerio público se conformó una unidad especial para determinar el grado de actuación de funcionarios en dependencias como la oficina de instrumentos públicos, secretaria de planeación de Cartagena, curaduría urbanas de esta capital y la Alcaldía local de la Virgen y Turística, entidades que han sido denunciados por los apoderados de la familia Hernández, al considerar que han existido vacíos, atropellos y abusos a lo largo de este accidentado proceso judicial.

Igual actuación estaría realizando la Contraloría general, al denunciarse que el distrito habría girado más de 55 mil millones de pesos durante el periodo 2009-2015, para apalancar a través de subsidios, más de 2 míl viviendas que serían entregada a familias vulnerables en el proyecto Ciudad del Bicentenario, las cuales como la canción del maestro Rafael Escalona, muchas se encuentran aún en el aire.

Para veedores ciudadanos como Héctor Pérez Fernández, es hora que las autoridades actúen de manera efectiva en una situación, que durante todo este tiempo ha venido afectando a una familia, en este caso los Hernández, que han sido víctimas no solo de fallos judiciales adversos a pesar de haber demostrado que son los propietarios, sino colocando muertos en una guerra a la que nunca fueron invitados.

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