Las dudas que rodean el desalojo del predio Cachenche en zona rural de Turbana
La orden para llevar a cabo este proceso de recuperación de un bien inmueble en zona rural de Turbana, norte de Bolívar, viene planteando una serie de interrogantes sobre el tardío interés de la Sociedad de Activos Especiales-SAE, en dicho predio y si esta decisión cuenta con el visto bueno y respaldo de la dirección nacional de la entidad.
La decisión esta temporalmente suspendida, por orden del Juzgado Promiscuo municipal de Turbana, quien admitió una acción de tutela interpuesta por Ana Lucia Miranda García y ordenó la medida cautelar de suspensión de la orden de desalojo prevista para el pasado martes 16 de febrero.
Las dudas que rondan este proceso, iniciaron hace por más de un mes y coinciden con la posesión de Juan Pablo Valbuena Anaya, nombrado por la dirección de la SAE como gerente regional norte de la entidad. Para los poseedores de la finca Cachenche, el interés en el predio va mucho más allá de su recuperación.
“Desde hace unos 20 días se viene registrando un extraño movimiento de tierras y reforestación en la Finca Las Colina ubicada en el sector el Cerrito, que colinda con la parte posterior de la Finca Cachenche. Los trabajos de remoción de tierras se registran en horas de la noche y se siente un movimiento de camiones que entran y salen con el material. Y llama la atención que últimamente están entregando mercados y otros elementos a quienes viven en la vereda, algo que es bien extraño”, indica uno de los poseedores de la Finca Cachenche.
Según se denuncia por los afectados, la intención del gerente regional Valbuena Anaya es no solo despojarlos del predio, sino alquilar por una suma irrisoria ($12.000.000 millones de pesos), para que se instale una zona franca logística en este estratégico corredor vial.
“Este ecocidio debe ser investigado por las autoridades ambientales (Cardique), porque prácticamente están echando al suelo una montaña a la vista de todos sin que se tomen las acciones del caso y lo que se busca es terminar de acomodar un acto que es ilegal desde donde se le mire”, señala el presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, Héctor Pérez Fernández.
Indica el veedor Pérez Fernández, que en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil se continuará acompañando a las más de 900 personas que se verían afectadas con el desalojo del predio.