Hasta el distrito de Cartagena aparece comprometido en la batalla jurídica que enfrenta la familia Miranda con la firma Álvarez y Collins

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Intimidaciones, atentado, amenazas, orden de desalojos y hasta ventas irregulares de porciones de terreno, hacen parte de las denuncias que han sido reveladas en torno a este proceso, que ya completa más de 10 años, sin que la justicia falle en derecho.

Se denuncia que dos estructuras que fueron construidas en los predios en litigio, como son el Patio Portal del sistema de transporte Transcaribe y la sede de la Institución Educativa República de Argentina, hacen parte de los terrenos en los cuales la posesión la tiene la familia Miranda en cabeza de Manuela Miranda Payares.

En esta lucha hemos tenido de enemigos a quienes deberían ser los garantes en este proceso que enfrentamos, como lo es el estado”, explica la señora Manuela Miranda Payares, quien se aferra a la justicia divina, por qué en definitiva la terrenal está del lado del poderoso, quien con su dinero ha logrado manipular el proceso.      

Los señores Álvarez y Collins han utilizado toda la argucia que les permiten los códigos y las leyes para intentar despojarla de las 36 hectáreas del predio ubicado cerca del barrio Villa Rosita, señala Miranda Payares.  “En conjunto con el abogado Fabián Valdez Herrera y el respaldo de la Red de Veeduría a la Rama Judicial, estamos planteando una estrategia clara y sustentada en bases jurídicas para evitar que se continúe con este atropello”, señala la denunciante.

Es preocupante que desde la misma Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría del Interior se desconozcan fallos de los jueces que han sido emitidos a nuestro favor.  En este momento el secretario David Múnera Cavadía, tiene abierto un proceso disciplinario por desatender un fallo judicial que favorece a Manuela Miranda Payares, indica el abogado Fabián Valdez.

El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento el día 17 de septiembre de 2021 y dentro del incidente de desacato solicitado por Manuela Miranda Payares acaba de solicitarle al secretario Múnera un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de tutela de fecha 10 de agosto de 2021 emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena en un término perentorio de 48 horas. Han pasado más de 60 días y aun no se conoce el informe del funcionario, dijo el jurista.

Dentro de lo ordenado por el juez, se encuentra que se realice la valoración probatoria pertinente de todas y cada una de las peticiones elevadas por las partes dentro del recurso de apelación y se determine a ciencia cierta el área objeto de disputa en cuanto a las dimensiones, linderos y medidas del predio objeto de amparo a la posesión dentro del proceso que se adelanta por Urbanizadora del Caribe S.A. y Álvarez y Collins S.A. en contra de Manuela Miranda Pallares y personas indeterminadas.

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