Ex-jueces del Carmen de Bolívar, condenados por fallos en contra de la liquidada Telecom

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Los condenados en fallo emitido por el Tribunal Superior de Cartagena son los ex-togados Alí Antonio Silva Cantillo y José Luciano España Tovar, quienes prestaban sus servicios como operadores judiciales en el municipio de El Carmen de Bolívar.

Los ahora exfuncionarios, quienes fueron sancionados con penas de 12 años en el caso del Silva Cantillo y 11 años para España Tovar, habrían fallado acciones de tutela de manera irregular, afectando el patrimonio de la extinta Telecom.

En el expediente del proceso se reveló que en el mes de agosto de 2009, fue presentada una tutela en nombre de 19 extrabajadores de Telecom, con la cual buscaba que se les reconocieran prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aumento salariales con los respectivos intereses causados desde 2006. Los peticionarios, que pertenecieron a una agremiación sindical, habían perdido el fuero, y la entidad los retiró y liquidó en su momento.

La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que el entonces juez Silva Cantillo dio trámite a la tutela y ordenó el pago de $5.202 millones de pesos en favor de los accionantes. Adicionalmente, dispuso el embargo de las cuentas de Telecom hasta que se desembolsaran los dineros. A su vez, España Tovar, en decisión de segunda instancia, ratificó el fallo.

El organismo de investigación estableció que los ex-servidores judiciales no eran competentes para conocer la tutela porque los reclamantes no vivían en El Carmen de Bolívar, la liquidación que recibieron de Telecom estaba ajustada a la ley vigente y habían perdido beneficios sindicales por lo que no podían mejorar sus mesadas. Adicionalmente, la acción de amparo se presentó tres años después de ocurridos los hechos y era extemporánea.

Los ex-jueces, que fueron declarados responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, deberán cumplir la pena en centro carcelario y pagar multas superiores a los 5.240 millones de pesos.

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