A un paso de caerse la estantería de la Fundación Santo Domingo en el proceso de la familia Hernández
Contra las cuerdas, así se encuentran el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Fundaciones Santo Domingo y Pies Descalzo, de confirmarse la nulidad de las escrituras sobre las que fueron construidos proyectos habitacionales como Ciudad del Bicentenario y el cuestionado colegio que se pensaba construir bajo el amparo de la cantante internacional Shakira.
Así se desprende de las audiencias realizadas durante los días 15 y 18 de febrero en el Juzgado Quinto Penal con funciones de control de garantías, quien escucho los argumentos de los apoderados de la familia Hernández, sobre los atropellos, irregularidades y falsedades registradas sobre los predios de este núcleo familiar.
El abogado Ángel Carrillo, representante de las víctimas (familia Hernández), mostró a la juez Yuri Ponce Fernández, la forma como se registró la adulteración de la tradición de la matrícula No 060-54391.
«Dentro de las irregularidades se puede comprobar que ni la cédula de ciudadanía del señor Alfredo del Campo (mayordomo de la finca Magulla), o de varios de los herederos del finado Pedro Hernández, patriarca de esta familia, concuerdan con sus documentos de identidad original, y que aparecen dentro de la supuesta venta de un porcentaje del predio, lo que constituye un delito grave», indica el profesional del derecho.
Esta situación registrada hace 40 años, ha generado una serie de inconvenientes judiciales a miembros de la familia Hernández, quienes han sido víctimas de as actuaciones de entidades como la Policía, funcionarios del distrito como inspectores de policías, Fundación Santo Domingo, secretarios del interior de Cartagena y la misma oficina de registro de instrumentos públicos, quienes han fallado en contra de los intereses de los legitimos propietarios de los terrenos donde se construyó el proyecto Ciudad del Bicentenario y donde se pretende desarrollar una sede del colegio Pies Descalzo, explica el abogado Carrillo.
Para el presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, Héctor Pérez Fernández, organización de la sociedad civil que ha venido acompañando este dilatado procesos judicial, es hora que el aparato judicial actúe en derecho y emita una decisión acorde con la realidad, ante los atropellos de los que han sido víctimas una comunidad raizal como la familia Hernández.