A la cárcel son enviados tres rectores de colegios públicos en Cartagena

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Además de los funcionarios públicos, la decisión del juez 8º penal con funciones de control de garantías cobija a otra cuatro personas, quienes son investigadas por presuntos actos de corrupción en varias instituciones oficiales de Cartagena

La medida de aseguramiento afectó a Juan Carlos Castillo Castilla, Robinson Orozco Quejada y Remberto de Jesús Navas Moreno, quienes laboran como rectores de los planteles educativos.

Igualmente fueron cobijados con medida de aseguramiento los contratistas, Hernando Vargas Morales, quien fungía como abogado sin tener título profesional, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter del Carmen Álvarez Padilla y Enoelia García Flórez.

La investigación se originó por una compulsa de copias de la Contraloría de Cartagena, quien encontró en auditorías de las vigencias años 2020 y 2021, presuntas irregularidades en la celebración de 20 contratos que realizaron los servidores públicos, con un detrimento patrimonial superior a los $500 millones de pesos.

Durante la indagación preliminar se lograron establecer que «ninguno de los procesos contractuales, que tenían como objeto, elaborar cartillas y material pedagógico, diseñar manuales de contratación y funcionamiento de colegios y realizar asesorías jurídicas, entre otros, cumplieron con los requisitos legales establecidos, ni tampoco contaron con los soportes de ejecución que sustentara el cumplimiento de los mismos«.

Se determinó igualmente que las instituciones de educación celebraron además contratos con una empresa de mantenimiento, donde el falso jurista era el representante legal para mejorar las instalaciones, obras que no fueron realizadas y que afectaron el patrimonio de los recursos públicos que benefician la educación de niños y niñas de sectores vulnerables en Cartagena.

La Fiscalía encontró que se omitió al parecer, por parte de los rectores la aprobación y aval del consejo directivo para la selección de los contratistas y que presumiblemente aceptaron documentación falsa, como el diploma profesional del abogado, Cámaras de Comercio de la compañía de mantenimiento y las acreditaciones de experiencias, entre otros, para realizar las contrataciones. Así mismo se identificaron fraccionamientos en dichos contratos que no sobrepasaban la cuantía de 20 salarios mínimos legales para que se permitiera la modalidad de contratación directa evadiendo la de selección adecuada.

Durante las audiencias preliminares, el ente acusador les imputó a los procesados según sus responsabilidades individuales, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Los cargos no fueron aceptados.

Por disposición judicial, los tres rectores y el supuesto abogado deberán cumplir las medidas de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los contratistas lo harán en sus lugares de domicilios.

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