Superintendencia de Transporte investiga presunta posición dominante en servicios que se prestan en el aeropuerto Rafael Núñez
El organismo formuló cargos en contra de Aerosupport, prestadora de servicios en tierra y de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, concesionaria del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, ante los presuntos incumplimientos en la obligación de suministrar información sobre los servicios que se ofrecen a diferentes usuarios que participan en la aviación privada y el costo que estos deben asumir para acceder a los mismos.
Esta es la primera vez que se inicia una investigación contra una empresa de servicios de escala y contra el concesionario de un aeropuerto en el país, por violar los derechos de los usuarios de la aviación general privada.
Desde la Supertransporte se explica que la investigación nace de una denuncia presentada por la Asociación Colombiana de Aviación Civil General, quienes revelan situaciones como imprecisión en la información relacionada con las condiciones del servicio, cobros por servicios no solicitados y posibles ventas atadas, entre otras.
El Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar Arias, dijo que la investigación busca la protección de todos los usuarios del servicio de transporte aéreo, el cual incluye la infraestructura dispuesta para tal fin, así como todos los servicios conexos que resulten necesarios para su debida prestación, bien sea que se trate de personas naturales o jurídicas; adquirientes de tiquetes aéreos o inclusive, para este caso, pilotos de aviación privada, quienes requieren del uso obligatorio de instalaciones aeroportuarias y contratar algunos servicios aeroportuarios para el debido ejercicio de su actividad.
“El organismo en cumplimiento de sus deberes que incluyen proteger a todos los usuarios del sector transporte, ha asumido el conocimiento de este caso particular que involucra la aviación general privada, agentes que en algunas transacciones tienen la calidad de consumidores por tratarse de interesados que adquieren, disfrutan o utilizan los servicios de transporte”, señala el Supertransporte Salazar Arias.
En caso de ser encontradas responsables, cada una de las dos empresas podría ser sancionada con multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, que corresponde a $1.817.052.000, por cada cargo.