Sin orden judicial, alcalde Dau anuncia que ahora sí ‘tumbará’ edificio Aquarela

Contrario a lo que había señalado hace 5 meses, cuando Procuraduría y Ministerio de Cultura habían ordenado su demolición, el alcalde William Dau Chamat anuncio con bombos y platillos que ejecutaría está acción en el cuestionado edificio Aquarela, luego del concepto emitido por la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. «Esta acción la adelantaremos en conjunto con autoridades nacionales», señala en tono alegre el mandatario distrital.

En la valoración que hace la dependencia nacional, y que fue recibida desde el pasado 05 de octubre, se establece que «la estructura debe ser destruida por completo, al existir una orden de demolición vigente contenidas en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 y 7589 de 2018 de la Secretaría del interior, donde se ordena restituir un espacio público ocupado indebidamente por la construcción».

Llama la atención que este concepto de la ANDJE es similar al que en su momento emitió la Sociedad de Ingenieros de Colombia, entidad que desarrollo un estudio a petición de la Procuraduría y del Ministerio de Cultura, donde se consignaba un resultado similar al que ahora promulga Defensa Jurídica del Estado.

Los cálculos señalan que para ejecutar la demolición de esta estructura la inversión estaría entre los $2.000 y $3.000 millones de pesos, recursos que serían aportados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Cultura y Alcaldía de Cartagena.

«Iniciamos el proceso con el envío de una carta a la UNGRD, donde estamos solicitando una hoja de ruta que permita establecer las fases para la restitución del espacio público, teniendo siempre como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe», anotó el alcalde Dau Chamat.

Precisó que tumbará el
edificio Aquarela, junto a las autoridades y reveló que el 20 de octubre dialogo el tema con la ministra Carmen Vásquez, la subdirección de la UNGRD y la dirección de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial, para avanzar en la organización del proceso de demolición de esta edificación.

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