Senador David Luna alerta por irregularidades en otorgamiento de permisos para construcción de megaobra en el Centro Histórico de Cartagena
El llamado de atención lo viene realizando el legislador, ante lo que él califica como un atentado en contra del patrimonio de la ciudad ante presuntas irregularidades que se estarían presentando en la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, la cual tiene a su cargo la entrega de autorizaciones para la intervención de estructuras de carácter histórico.
Advierte el senador Luna que una denuncia similar alertó sobre las inconsistencias en un proyecto de intervención en la Plaza de Mercado de Villa de Leyva en Boyacá.
El congresista se plantea varios interrogantes en el caso de Cartagena, donde en tiempo record se aprobó desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, un megaproyecto en el Centro Histórico, y que tendría graves implicaciones patrimoniales y urbanísticas.
“Sería un complejo turístico de al menos seis plantas y con parqueadero, el cual fue aprobado por el Ministerio, argumentando que el proyecto se podía hacer porque dicha zona tiene uso comercial, desconociendo que el uso residencial no puede ser anulado”, revela en la denuncia el senador Luna, quien advierte que este tipo de proyecto coloca en riesgo la dignidad de Cartagena como patrimonio histórico de la humanidad.
Dijo que “extrañamente, seis días antes, la misma Dirección había negado el proyecto ‘Bastión Residences’, que buscaba la construcción de otro mega hotel en el predio donde funcionaba la Cárcel de Mujeres de San Diego en el centro Histórico y que tenía las mismas características”. La Dirección argumentó que dicho proyecto “afectaba el Patrimonio, la movilidad y las redes de servicios en la ciudad”.
El senador David Luna ante estos hechos viene solicitando a la Procuraduría investigar eventuales conductas de la señora Marcela Cuéllar, exdirectora de Patrimonio del Mincultura y de miembros de la Dirección de Patrimonio, quienes han venido autorizando de manera express proyectos que afectarían los intereses patrimoniales de los cartageneros y los colombianos.