Por presuntos casos de corrupción, imputan cargos a un exconcejal, 7 exfuncionarios y un servidor activo del Concejo de Cartagena
Los cobijados con la decisión de un juez de control de garantías de esta capital son Javier Curi Osorio, quien ocupó la presidencia del concejo en el año 2016, Emilio Alejandro Valencia Cásseres, exdirector financiero, Felipe Santiago Santos Díaz, exdirector jurídico, Roberto Barbosa Pájaro, exdirector administrativo, Rocío del Pilar López Amaris, exdirectora de control interno, Domingo Francisco Román Lozano, exdirector de la Oficina Comunal, Aroldo Coneo Cárdenas, exsecretario general y la actual directora de protocolo de la corporación, Rosa Amelia Macías Sejuanes.
Los hechos que motivaron las indagaciones de la Fiscalía ocurrieron durante los meses de agosto a diciembre 2016, cuando los procesados habrían aprovechado sus cargos para suscribir irregularmente 88 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las dependencias que dirigían.
Según la investigación, durante el trámite de dichos procesos se habría omitido el cumplimiento de los requisitos de ley al momento de la elaboración de los estudios previos como, la planeación, la economía, la moralidad e imparcialidad, entre otros.
Dentro de los contratos cuestionados, aparecen profesionales en distintas ramas como administradores de empresas, abogados, comunicadores sociales y contadores públicos, entre otros, que supuestamente prestaban servicios en asesorías, proyección de conceptos, elaboración de respuestas de peticiones, quejas y reclamos, análisis de libros contables, archivos de comunicación interna, etc.
Los montos de dichos contratos se realizaron por distintos valores y tiempo que oscilaban entre uno a cuatro meses, por sumas que variaban desde el $1.500.000, $3.500.000, $9.000.000 y $12.000.000.
Evidencia en poder del ente acusador, determinó que varios de los contratistas que aparecían firmando documentos oficiales, no existían; muchas de las labores contratadas figuran como recibidas, aunque no se cumplieron. También se estableció que se anexaron informes y certificaciones falsas, mediante las cuales se avalaron distintos pagos. Además, varios de los cobros reportados sobrepasaban los costos estipulados.
Estas acciones habrían afectados las finanzas públicas en, al menos, 400 millones de pesos.
Un fiscal imputó a los procesados, según sus posibles responsabilidades individuales, delitos como: concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, cargos que no fueron aceptados.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el juez de control de garantía les impuso a los hoy implicados medidas no privativas de la libertad. El ente investigativo apeló dicha decisión judicial.