Incremento de amenazas contra comunidad LGTBIQ+ en los Montes de María, denuncian en audiencia pública
La mesa de trabajo convocada desde la Procuraduría General y desarrollada en San Juan Nepomuceno, reveló que las amenazas contra la vida y violaciones a los derechos de la comunidad LGTBIQ+ aumentaron y se denuncia además nuevas formas de instrumentalización en los municipios que conforman la subregión en Bolívar y Sucre.
Al riesgo contra sus vidas, materializado en el asesinato de tres líderes, atentados contra la integridad de otros seis, e incontables amenazas, se está presentando la utilización de estas personas para promover el tráfico, transporte y almacenamiento de drogas, lo que se suma al creciente fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual.
Ante estas situaciones la Procuraduría señala que “es la tercera alerta que hace el Ministerio Público a las autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre esta situación y hasta ahora no ha sido atendida adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de violaciones a los derechos de esta comunidad”.
Así mismo se viene registrando una mayor estigmatización por parte de algunos habitantes de estos municipios, promovida precisamente por los actores armados que buscan tener el control social y han “ordenado” en sus panfletos sacar a las mujeres trans de los lugares donde ejercen su trabajo y apartar a las personas LGBTIQ+ de otros espacios como escuelas y colegios, lo que se traducen en riesgo de salud metal y puede llevar a la deserción escolar o en algunos casos al suicidio de quienes lo padecen.
Frente a estos casos, el organismo referenció su preocupación frente a la respuesta de las autoridades a la vulneración de los derechos de esta población, recalcando el trabajo del ente de control para que “Desde la Policía Judicial o desde cualquier entidad, no existan barreras en la atención, protección o acceso a la justicia a la comunidad, por no ser reconocidos en su identidad de género, o recibir tratos inadecuados o revictimizantes, debido a prejuicios o estereotipos de género de las y los funcionarios públicos”.
De igual manera, el Ministerio Público reiteró el llamado a las autoridades para la priorización y atención de estas comunidades, reconocidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas como sujetos de reparación colectiva desde el 2020, y que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta.
“Es prioritario que no solo se reconozca la afectación de los derechos individuales de los miembros de esta población, también los derechos colectivos para que efectivamente sean reparados por todos los daños sufridos por el conflicto y que persisten por la crisis de seguridad territorial en los Montes de María”, se indica desde el organismo.