Fiscalía apela decisión de juez que dictó detención domiciliaria contra funcionarios del INPEC
Para el organismo, existen los elementos para que estas 6 personas, funcionarios activos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, sean recluidos en centros penitenciarios, ante su activa participación en una estructura que delinquía al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera, en conjunto con reclusos de ese penal.
En las audiencias realizadas por el Juez 18 penal municipal de garantías de Cartagena, un Fiscal especializado de la Seccional Bolívar, les formuló cargos a los inspectores Jhon Jairo Palacios y Edwin Munar Garzón, y los dragoneantes Vanessa Polanco Basanta, Miller Alberto Prieto Luna, Carlos Álvarez Lozano y Jairo Romero Payares, por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y extorsión, a los cuales no se allanaron. Según la fiscalía, estas personas habrían aprovechado sus funciones para desarrollar el supuesto accionar delictivo, manteniendo controlados a los internos y a los otros guardas.
El material probatorio indica que los llamados jefes de los patios 2 y 6, obligaban a otros internos a pagar cuotas semanales de $10.000 o $20.000, las cuales eran entregadas los domingos al personal del INPEC que ejercía la vigilancia, con el fin de que les permitieran el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas.
“Los reclusos que no pagaban eran reportados ante los servidores públicos, quienes presuntamente los sometían a malos tratos, les prohibían las visitas y les ocasionaban agresiones físicas. Tales acciones también eran replicadas por los internos, por lo que las víctimas eran intimidadas con frecuencia”, se reveló durante las audiencias.
Igualmente se evidenció que algunos de los procesados cobrarían dinero a los internos para devolverles los elementos decomisados, tras las requisas que hacían en las celdas o calabozos, donde los guardias incautaban teléfonos celulares, cargadores, tarjetas sim card, armas y estupefacientes.
Aunque varios de los investigados fueron trasladados a Montería y Sincelejo, se conoció, mediante la interceptación de comunicaciones, las presuntas irregularidades cometidas en el centro penitenciario de Cartagena, pues se evidenciaron conversaciones con otros funcionarios del INPEC y con la población carcelaria.