Unidad de Restitución de Tierras avanza en la revisión de casos rechazados en Montes de María
Con el propósito de saldar deudas con las víctimas del conflicto armado, la Unidad de Restitución de Tierras a través de la Dirección Territorial Bolívar-Sucre, anunció el inicio de un proceso masivo de revisión de actos administrativos.
Estas actuaciones buscan revocar alrededor de 200 decisiones previas que negaron el derecho a la restitución, garantizando así que más familias campesinas y étnicas recuperen sus territorios.
La revisión incluye la verificación jurídica, social y catastral de cada expediente, con el fin de garantizar decisiones ajustadas al marco normativo y a los estándares probatorios vigentes. De esta manera se podrán emitir conceptos favorables, que garanticen justicia y la reparación integral que en el pasado no fue posible.
Señala la entidad que “una vez surtido este procedimiento y revertidos los actos administrativos correspondientes, los casos serán incorporados formalmente a la gestión institucional”.
Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, dijo que la prioridad es profundizar el trabajo con las comunidades y avanzar en un proceso para revertir los efectos del despojo, causado por actores armados, económicos e institucionales. “Con estas acciones, la Unidad busca recuperar la confianza de las familias y consolidarse como su principal aliada en la garantía de sus derechos”, anota el funcionario.
Una de los primeros casos revisados y avanzando con la revocatoria del acto administrativo, es el de la familia Godoy, perteneciente al caso emblemático de La Camaronera, el cual, tras una revisión exhaustiva por parte del equipo jurídico, fue inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), paso que permitirá posteriormente orientar la demanda ante los juzgados especializados.
Con esta iniciativa, la Unidad busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la calidad de sus determinaciones administrativas y asegurar que las víctimas del conflicto armado accedan efectivamente a los mecanismos de reparación previstos por la ley, indica el director Flórez.