Procuraduría hace requerimiento por deficiencia en transporte público en Cartagena
La Procuraduría General solicitó a la Alcaldía de Cartagena un informe sobre las acciones que se han venido adoptando para controlar la circulación de vehículos de servicio público que se encuentran en mal estado o no habilitados para tal fin.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena requirió esa información ante las deficiencias evidenciadas en la prestación del servicio, relacionadas con sobrecupo y conducción peligrosa, vehículos en condiciones de deterioro estructural y mecánico (oxidados o con puertas dañadas), acceso limitado o nulo a personas en condición de discapacidad y emisiones contaminantes, entre otras.
Este requerimiento hace parte de las actuaciones preventivas que buscan la protección de los derechos colectivos de la ciudadanía, pues el servicio de transporte y movilidad debe garantizar la seguridad de los usuarios y brindarse con calidad, idoneidad y protección contra prácticas abusivas.
El Ministerio Público también requirió la base de datos actualizada de vehículos vinculados al servicio público colectivo urbano, así como pidió estudiar la ejecución de acciones integrales y sostenidas en el tiempo, que “aseguren la permanencia institucional en los puntos críticos de la ciudad donde se evidencia la mayor afectación en el servicio”.
La Procuraduría precisó que quienes prestan servicios de transporte sin habilitación o incumpliendo la normatividad de tránsito pueden invocar el derecho al trabajo como fundamento de su actividad, pero la Constitución establece que los derechos de los particulares no pueden anteponerse al interés general, “especialmente cuando se afecta la seguridad vial, el medio ambiente y la movilidad de toda la ciudadanía”.