Procuraduría alerta por deterioro en Islas del Rosario y San Bernardo
La desarticulación entre las diferentes entidades nacionales y locales, además de la insuficiencia en los recursos destinados para restaurar y proteger ambientalmente el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, viene advirtiendo la Procuraduría General, organismo que ante la irregular situación que se presenta, a pesar de existir un fallo que obliga al cumplimiento de medidas de protección en esta zona de la ciudad.
Desde el año 2011, el Consejo de Estado con un fallo obliga a diversas instituciones a enfrentar las diversas problemáticas en estos territorios insulares.
Desde la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se viene instando a las entidades con competencias en el área insular y a las autoridades obligadas con el fallo, a presentar acciones y fechas concretas para el cumplimiento de las ordenes de la decisión judicial, entre las cuales se referencia la definición de los responsables y recursos disponibles destinados al plan de señalización, requerido para preservar el ecosistema y evitar accidentes.
Para el Ministerio Público es apremiante la definición de aforos para el ingreso de motonaves al archipiélago, sumado al reforzamiento de los medios de la Armada y de Guardacostas, para apoyar de una manera más efectiva la protección de las Islas del Rosario y San Bernardo.
El órgano disciplinario también advirtió que, aún no se evidencia el recaudo y la implementación del cobro a lanchas por parte del Parques Nacionales Naturales, establecido por la Resolución 0173 de 2015, compromiso ratificado en la hoja de ruta acordada en agosto de 2021, en la que se identificaron las acciones conjuntas para la salvaguarda de este archipiélago en la zona insular.
A la reunión convocada por la Procuraduría y la Contraloría General, fueron citados el Ministerio de Defensa, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Armada y la Dirección General Marítima, en su calidad de tomadores de decisiones a nivel nacional y ordenadores de los recursos con los que cuentan los funcionarios del nivel local, para ejercer las funciones constitucionales y legales en cabeza de las entidades y cumplir decisiones judiciales.