Por contratación irregular, elevan pliego de cargos al alcalde William Dau
El proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría General, ente que acaba de elevar pliego de cargos en contra del mandatario Dau Chamat, está relacionado con las presuntas irregularidades en la adquisición de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico del Covid-19 en el año 2020. En la investigación también aparece vinculado Álvaro Fortich Revollo, quién ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de Salud-Dadis, durante este periodo.
El órgano de control indica que «la administración seleccionó a la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., sin que la misma tuviera la capacidad para el suministro de los kits, al no contar con la disponibilidad de pruebas requeridas, situación que ocasionó que la Alcaldía de Cartagena declarara el incumplimiento del contrato, que tenía un presupuesto de $725 millones de pesos«.
Para el Ministerio Público, la falta de idoneidad del contratista “ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato No. 008 de 2020, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia, que eran la necesidad de contar con un diagnóstico oportuno que permitiera a las autoridades en salud una respuesta inmediata a la crisis de salud pública y social generada para el coronavirus”.
Además, precisa la Procuraduría que «está empresa (Ventas, Distribución y Marketing Ltda), al parecer no se encontraba habilitada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-Invima, para la comercialización de pruebas rápidas«, y los precios unitarios de los kits ofrecidos eran mayores a los ofertados por laboratorios acreditados y reconocidos, con experiencia en el suministro de pruebas rápidas».
En el caso de Fortich Revollo, el órgano de control indicó que al parecer fue quien elaboró el documento que justificó la selección del proveedor, sin aparentemente verificar su idoneidad para ejecutar el contrato. «Al parecer la justificación incluida en la carpeta del contrato tenía relación con uno diferente, que trataba sobre el suministro de insumos sanitarios y de protección, prevención y reducción de riesgos ante el covid-19«, explica la Procuraduría en el escrito de pliego de cargos.
Por esos hechos, el ministerio público señala que los investigados habrían vulnerado los principios de moralidad y eficacia, y calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.