Malestar en Cartagena, por nulo acompañamiento del Gobierno Nacional ante situación de violencia que registra la ciudad

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Desconcierto existe en Cartagena, ante la recurrente evasiva de las autoridades nacionales para afrontar el flagelo de la inseguridad, que viene afectando a las comunidades, ante lo reiterativo de las acciones criminales a cualquier hora del día y en distintas zonas de la ciudad 

De nuevo, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, canceló su participación en un Consejo de Seguridad en Cartagena, que tenía como principal tema la situación de inseguridad que se presenta en la ciudad y en varios municipios del departamento.

Para las autoridades regionales, no es entendible como un funcionario de ese nivel, aún no se reúna con las autoridades locales y regionales, muy a pesar de todo lo que viene pasando en la ciudad en materia de seguridad.

Durante los últimos meses, Cartagena ha venido registrando incremento en delitos como el sicariato, atracos, lesiones, hurtos a mano armada, extorsiones y riñas callejeras, situaciones que mantienen en vilo a miles de cartageneros.

En el Consejo de Seguridad, íbamos a colocar sobre la mesa, para lograr su autorización, una serie de medidas especiales como el patrullaje de la Infantería de Marina en los barrios, requisas, un plan general de desarme, además de un programa de seguridad ciudadana. Medidas que solo puede decretar el presidente de Colombia”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

Resaltó que “nosotros, los gobernantes locales, los alcaldes, el gobernador Yamil Arana, hacemos la tarea. Invertimos en seguridad, compramos vehículos, tecnología y dotamos de todas las herramientas necesarias a la Policía. Trabajamos de la mano con la fuerza pública.  Sin embargo, en cuanto a medidas cruciales de choque no tenemos poder constitucional para ordenarlas. Y esto debe saberlo la ciudad y todo el mundo”.

Los datos oficiales de entidades como la Policía de Cartagena, revelan que entre enero y octubre de 2025 se han registrado 285 sicariatos, 5.293 atracos, 221 denuncias de extorsión y 1.646 lesiones personales.  

A nivel departamental, municipios como Magangué, El Carmen de Bolívar, Santa Rosa de Lima y otros en el sur del departamento, vienen reportando el resurgimiento de estructuras criminales que se disputan el control territorial, especialmente ligadas al microtráfico y la extorsión. Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal también alertan sobre el incremento de casos de violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, en muchos casos vinculados a entornos de inseguridad estructural.

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