Hallazgos fiscales superiores a los $23.000 millones de pesos, revela auditoría a contratos de obras en cárcel de Ternera-Cartagena
El organismo evidenció hallazgos con incidencia fiscal que alcanzan los $23.219 millones de pesos, en Auditoría de Cumplimiento y Actuación Especial de Fiscalización adelantadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC en el departamento de Bolívar.
A través de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, se adelantó este ejercicio dentro del seguimiento a las órdenes emitida por la Corte Constitucional para que los centros de reclusión estén libres de hacinamiento, los privados de libertad puedan disponer de una superficie mínima y un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche, así como de una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones de limpieza e higiene.
Según el organismo, durante la visita al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena-EPMSC, se evidenció que existen pabellones, ampliaciones y estructuras, que no han entrado en operación, lo que no garantiza las condiciones establecidas y aumenta la problemática en los pabellones que actualmente se encuentran ocupados.
“Estas obras hacen parte del Contrato N°319 de 2019, que finalizó el 12 de noviembre de 2022 y a partir de esta fecha surgieron observaciones respecto al sistema de monitoreo y control electrónico, y se encontraban en trámite ante las empresas prestadoras de servicios las conexiones definitivas con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Afinia y Aguas de Cartagena de las redes de acueducto y alcantarillado, las cuales no permitían el recibo a satisfacción de las intervenciones”, señala el informe de auditoría.
Dentro de las explicaciones entregadas por parte de la dirección del centro de reclusión se manifestó que la entrada en operación y ocupación de cada uno de los pabellones está sujeta a la asignación de personal para el cuerpo de Custodia y Vigilancia para los 3 pabellones nuevos y la dotación de colchonetas y sabanas.
El establecimiento tiene una capacidad para 1.464 Personas privadas de libertad en el sector antiguo y 516 cupos en la infraestructura modular. Actualmente, se presenta una ocupación del sector antiguo de 1.835 personas, lo que representa un hacinamiento del 25%.
Por lo anterior, y ante la falta de puesta en operación de la estructura intervenida muy a pesar de haber sido cancelada en su totalidad desde el 2020, se evidencia un menoscabo a los recursos públicos por valor de $ 23.219 millones de pesos.