En 6 municipios del sur de Bolívar, hay preocupación por constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales
Ante esta situación que se registra desde hace varios meses, la Defensoría del Pueblo acaba de emitir una alerta temprana (034 de 2023), buscando un mayor accionar preventivo de los organismos de seguridad y las autoridades administrativas en los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal, en el sur del departamento de Bolívar.
Señala el organismo que las comunidades en zona rural y urbana de estas localidades se encuentran en alto riesgo por el incremento de las acciones de organizaciones ilegales como las disidencias de las Farc, ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Clan del Golfo.
“Cuando se enfrentan estos grupos ilegales ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, quienes están en medio de las confrontaciones armadas, generando además riesgo de desplazamiento o confinamiento”, advierte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El documento identifica que las tres estructuras se están disputando el control territorial, el manejo de las economías ilícitas y las rentas criminales, como las derivadas de la extorsión. “Nos preocupa que en algunas zonas se han dado acuerdos entre el ELN y las disidencias de las Farc, lo que permite que en un mismo corregimiento o vereda coexistan los dos actores armados”, precisa el defensor Camargo.
El escenario de riesgo se incrementó luego de la decisión de los frentes 4, 24 y 33 de las disidencias de las Farc de retomar el control territorial, lo cual coincidió con la expansión territorial de las AGC y su ingreso a la zona con dominio histórico del ELN. La situación desató la confrontación armada, que hoy tiene a la población civil atemorizada.
“Las extorsiones son otra práctica que afecta gravemente los derechos fundamentales de las comunidades, que están expuestas a amenazas y desplazamientos forzados en caso de no acceder al pago. Es importante señalar que las AGC han logrado posicionarse en la zona mediante intimidaciones contra la población civil”, señaló el defensor del Pueblo.
Las AGC, dice la Alerta, han tercerizado sus acciones y apoyan táctica y financieramente a los grupos criminales Los España, Los Carburadores, Los Gomelos, entre otros. Estas estructuras manejan la distribución y comercialización de estupefacientes y hacen “labores” de vigilancia y cobro de extorsiones.
la Defensoría del Pueblo ante la situación y con el objetivo de evitar que se presenten nuevos riesgos, entregó 38 recomendaciones para que las autoridades nacionales y locales implementen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario.