El principio de legalidad
Por: Felipe García Cárcamo
En nuestra sociedad, regida por normas constitucionales que regulan el comportamiento del hombre y lo convierte en instrumento de la ley, se faculta todo tipo de libertades enmarcadas jurídicamente. Es conveniente advertir que el principio de legalidad alude a la conformidad o la regularidad entre toda norma o acto inferior con respecto a la norma superior que le sirve como fundamento de validez por lo que opera en todos los niveles o grados de la estructura jerárquica del orden jurídico.
Todos los actos administrativos deben darse bajo este principio. Es decir, quienes gobiernan y tienen funciones administrativas podrán decretar, contratar, licitar y hacer convenios. Mientras se actúe legalmente no habrá problema jurídico de ninguna índole, los derechos de los ciudadanos son respetados por lo tanto están facultados para solicitar información respetuosa del gasto público para que de esta manera se pueda lograr el equilibrio jurídico que legitiman las acciones de los funcionarios. Ningún funcionario está obligado a actuar por presiones que lo puedan llevar a cometer errores, si el procedimiento del burgomaestre está amparado por la ley también tendrá libertades.
El papel de los veedores para garantizar legalidad: En Colombia somos libres de asociarnos y está facultad a ciudadanos preocupados por los distintos aspectos que afectan a la comunidad se crean veedurías ciudadanas amparadas en la ley 850 de 2003. Es decir, es obligatorio dejar claridades que también los rige unos principios jurídicos que controlan sus actuaciones. Por tal motivo, el veedor ciudadano no es concebido como un individuo que éste libre de todo control.
En todo caso quien ejerce esta difícil función, es responsable políticamente frente a los demás miembros de la veeduría a la cual pertenezca, a la sociedad en general y al estado. Un veedor que se acoge a su reglamento podría ser un gran aliado del gobernante y su gabinete que de pronto por sus ocupaciones de agenda no tengan información de muchas cosas que pasan en una administración. Es decir, un buen veedor informa y podría mantener un gobierno alerta de quienes violen el principio de legalidad.
Hoy vivimos en una Ciudad de Derechos, dónde todos tenemos derechos pero de igual manera tenemos deberes. Dentro de los derechos tenemos la libertad de expresión, pero como ciudadanos tenemos el deber de respetar a la gente por el simple hecho de tener derecho al buen nombre, tenemos derecho a investigar, pero tenemos el deber de no juzgar a nadie hasta cuando no lo haga la autoridad competente. No podemos caer el juego del «dime qué yo te digo», porque entramos en el atraso administrativo que no permite el desarrollo de la ciudad, quienes tienen facultades administrativas deben tener una coraza y estar preparados para quienes tienen buena o mala intención, pero siempre hay que tener presente actuar bajo el principio de legalidad.