Contraloría de Bolívar presenta informe de gestión vigencia 2025
Ante la plenaria de la Asamblea de Bolívar, el órgano de control presentó los resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2025, destacando la participación ciudadana como aliados en la vigilancia institucional de los recursos públicos.
La entidad identificó $9.365 millones en hallazgos fiscales y logró un cumplimiento del 100% de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, consolidándose como una institución moderna, participativa y orientada hacia la defensa del patrimonio público departamental.
“De estos cuantiosos recursos identificados, $726 millones hicieron parte de las denuncias que ciudadanos instauraron ante la entidad, demostrando que la vigilancia del gasto público no es responsabilidad exclusiva de las instituciones, sino un ejercicio democrático compartido”, anota la contralora de Bolívar, Tatiana Romero Luna.
En su presentación ante la corporación, Romero Luna, enfatizó el compromiso institucional con la participación ciudadana como eje central de la gestión:
“Como organismo de vigilancia estamos seguros que incentivar el ejercicio del control social nos permitiría que nuestros sujetos auditados no tengan como resultado de los procesos auditores hallazgos fiscales. El ejercicio del control fiscal verdadero se ve reflejado en que los sujetos controlados inviertan de manera eficiente, eficaz, oportuna y con economía los recursos en inversión social, en las necesidades de los bolivarenses y que se materialice en la mejora de la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes”, dijo la funcionaria.
Los resultados que hoy presentamos ante la Asamblea, señala la contralora de Bolívar, demuestran el alcance integral de la vigilancia fiscal:
•Beneficios del control fiscal: $8.928 millones (acciones de mejora obtenidas en procesos auditores y de responsabilidad fiscal)
•Hallazgos fiscales identificados: $9.365 millones
•Auditorías ejecutadas: 104 procesos con 100% de cumplimiento del plan territorial
•Hallazgos administrativos: 557 identificados
•Incidencia fiscal: 145 hallazgos con presunta incidencia fiscal
Durante 2025, la Contraloría recibió 66 denuncias ciudadanas, de las cuales 23 fueron concluidas con respuestas de fondo, generando un impacto fiscal verificable, demostrando que la vigilancia ciudadana es efectiva en todos los territorios de la geografía departamental.
Entre los hallazgos más relevantes identificados por ciudadanos se encuentran irregularidades en la ejecución de contratos, debilidades en la administración de recursos parafiscales, y pérdidas o malos manejos de fondos públicos destinados a servicios esenciales como salud y educación.
“La participación ciudadana no es un complemento de nuestro trabajo, sino su fundamento”, explicó la contralora departamental. “Cuando un ciudadano denuncia una irregularidad, ejerce su derecho fundamental a la vigilancia democrática y contribuye directamente a la protección de los recursos que benefician a toda la comunidad”, puntualizó.
La funcionaria también reafirmó el compromiso institucional con la recuperación efectiva de recursos: “Para resarcir el daño patrimonial ya probado y objeto de fallos de responsabilidad fiscal, asumimos el compromiso de fortalecer el área de jurisdicción coactiva, desde donde hemos logrado avances concretos en el recaudo y en la recuperación de recursos”, enfatizó Tatiana Romero Luna, contralora departamental.
Este compromiso se refleja en los resultados concretos:
•82 procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal abiertos
•68 indagaciones preliminares en curso
•9 autos de imputación de cargos proferidos
•6 fallos de responsabilidad fiscal por $3.556 millones
•$3.542 millones trasladados a Jurisdicción Coactiva para recuperación efectiva
Uno de los logros resaltados en la presentación del balance de gestión, fue la creación del Comité de Control Social, el cual representa un modelo innovador de gobernanza participativa, donde ciudadanos, organizaciones comunitarias y la Contraloría trabajan de manera coordinada para identificar, reportar y dar seguimiento a irregularidades en el uso de recursos públicos. Esta iniciativa posiciona a Bolívar como referente departamental en participación ciudadana aplicada al control fiscal.