Con polémico proyecto de ordenanza, culmina su gestión administración de Bolívar
A la espera de sanción por parte del gobernador Vicente Blel, se encuentra el proyecto de ordenanza por medio del cual se establece una Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aprobado por la Asamblea de Bolívar en el último periodo de sesiones extraordinarias de 2023.
En la ordenanza se indica que «dicho recaudo se realizará a través de la factura del servicio de energía que presta la empresa Afinia».
Según las proyecciones que se hacen, anualmente por este tributo se estarían recaudando más de $42.000 millones de pesos, los que serán invertidos en la adquisición de equipos y elementos que fortalezcan la seguridad en los distintos municipios del departamento de Bolívar.
El gravamen, segun la aprobada iniciativa, se aplicaría a los estratos residenciales 3, 4 y 5, además de los comerciales e industriales en esta zona del país.
Desde distintos sectores se ha venido rechazando tanto la aprobación del proyecto por parte de la corporación departamental, como la inconveniencia de dicho gravamen, especialmente en la factura de la energía con el incremento que esto representará en el valor a cancelar por parte de los usuarios.
Voces como las del Consejo Gremial, que lamentó la forma silenciosa como fue aprobada la iniciativa, del gerente general de Afinia, Javier Lastra, quién se mostró en desacuerdo con el nuevo impuesto, y del electo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien calificó este cobro como «inoportuno, inconveniente y hasta desconsiderado«, son algunas de las que han expresado el rechazo hacia la iniciativa de la administración de Bolívar, entidad que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento al respecto.