Clemencia y Santa Catalina a punto de quedar sin servicio de acueducto por millonaria deuda con Afinia
La empresa Afinia avanza en el proceso de finalización del contrato de prestación del servicio de energía con la firma ACUACOR, quien tiene a su cargo la operación del sistema de acueducto en los municipios de Santa Catalina y Clemencia, ante los reiterados incumplimientos técnicos y financieros por parte de las administraciones de los dos municipios.
Señala la comercializadora que existe una deuda que supera los $3.900 millones, la cual no ha sido conciliada, además de una serie de denuncias instauradas ante la Fiscalía por la instalación y operación irregular de transformadores de distribución.
Revela Afinia que “durante verificaciones técnicas, fue descubierto un transformador de 150 kVA operando sin contrato, así como la irregularidad de otro transformador de la misma capacidad, el cual presenta aumento de carga sin proyecto técnico radicado ni aprobado por la empresa”.
En cumplimiento al deber legal, y en común acuerdo con la gerencia de ACUACOR y las alcaldías en reunión del pasado 12 de febrero de 2026, se trató de ejecutar el desmonte de uno de los transformadores ilegales de 150 kVA, equipo que no cumple con la normativa RETIE y que representa un riesgo para los usuarios. No obstante, la diligencia no pudo ejecutarse debido a impedimentos presentados durante el procedimiento operativo.
Afinia recuerda que “está facultada por la ley para desmontar transformadores ilegales o en condición irregular, con el fin de proteger la seguridad del sistema y garantizar la continuidad del servicio”. En este caso, deberá instalarse un transformador ajustado a la carga contratada, con una capacidad de 75 kVA, conforme a las condiciones técnicas aprobadas.
De igual manera, el prestador del servicio de energía señala que no se han recibido soluciones integrales por parte de las administraciones de Clemencia y Santa Catalina, cuyos habitantes se benefician del servicio público de acueducto operado por ACUACOR.
Actualmente, la terminación del contrato se encuentra en trámite de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco del cumplimiento estricto de la normatividad vigente y de la obligación de garantizar un servicio seguro, legal y sostenible para todos los usuarios.