Terna para la Contraloría en Bolívar: quiénes quedan y cómo se mueve el tablero político
La carrera por la Contraloría departamental de Bolívar para el periodo 2026–2029 entró en su tramo definitivo con una terna ya definida: Camilo Andrés Támara García, Tatiana Margarita Romero Luna y Martha Elena Reyes Llerena.
El consolidado publicado por la Asamblea de Bolívar, que pondera 60 por ciento la prueba de conocimientos y 40 por ciento la valoración de antecedentes, ubica a Támara en el primer lugar con 73,2 puntos, seguido por Romero con 67,65 y Reyes con 67,5. Con esa tabla, el proceso pasa ahora a reclamaciones, entrevistas públicas y, finalmente, a la votación en plenaria.
El dato sugiere algo más que un buen examen: Camilo Támara llega con tracción regional. Es actual contralor departamental en Córdoba y, en paralelo, se postuló a cuatro concursos este año: Contralor de Sincelejo, Contralor de Sucre, Contralor de Cartagena y Contralor de Bolívar.
Estas aspiraciones no son ilegales, ya que la norma lo permite. Pero sí habla de una estrategia multiterritorial para permanecer en el mapa del control fiscal del Caribe. En Bolívar, Támara no fue el mejor en conocimiento puro, pero su combinación de prueba y experiencia le alcanzó para encabezar el total ponderado.
Las fuentes políticas consultadas coinciden en que el Partido Liberal, con el senador Lidio García como figura predominante en Bolívar, juega sus cartas en este desenlace. El reacomodo no se entiende sin un episodio previo: el nombre de Waldy Elías Seluan Martelo, funcionario de la Alcaldía de Cartagena, se desinfló tras circular dudas sobre presunta inhabilidad por su cargo actual. Ese vacío habría activado un plan B: respaldar a Támara como opción competitiva, aun siendo de “origen sucreño”, para mantener palanca de poder en un órgano clave en vísperas del ciclo electoral de 2026. Son movimientos políticos verosímiles en el contexto local; su intensidad exacta solo podrá medirse con documentos y votos en la mano.
Más allá del ajedrez partidista, la legitimidad del proceso se jugará en tres controles públicos inmediatos: que el consolidado final respete la ponderación 60/40 y explique cualquier variación por reclamaciones; que las entrevistas sean realmente públicas y útiles para contrastar independencia, visión de control preventivo y manejo de equipos; y que la plenaria motive el voto con razones ancladas en mérito verificable, no en cuotas. El reglamento permite elegir a cualquiera de la terna; la rendición de cuentas exige que la decisión sea explicable.
Para el departamento, el impacto es concreto. De quien resulte elegido o elegida se esperan entregables medibles en el primer año: modernizar analítica para auditorías, instalar tableros de riesgo en contratación y obras, publicar datos abiertos de hallazgos y planes de mejoramiento, y blindar la independencia de los equipos mediante concursos de mérito.
El desenlace, entonces, no solo definirá un despacho. Dirá qué pesa más hoy en Bolívar: la métrica de un concurso con operatoria académica o la arquitectura de alianzas que, desde el liberalismo regional, busca conservar influencia en vísperas de 2026.
La ciudadanía ya tiene números y reglas para auditar la narrativa. Ahora espera actas, entrevistas y votos que hagan coincidir la política con los datos.