Víctimas de la violencia en Bolívar, recuperan predios de 90 hectáreas
Con el fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, se logra que los integrantes de un núcleo familiar en el corregimiento de Las Palmas en San Jacinto, centro de Bolívar, recuperen un predio.
Estas personas, fueron obligadas a desplazarse en el año 1999 y negociar su única propiedad con una empresa Tierra de Promisión S.A., que acumuló tierras en la subregión de los Montes de María, mediante la compra masiva a víctimas del conflicto, se explica en la providencia del tribunal.
“De acuerdo con los hechos establecidos en el fallo, los restituidos adquirieron el inmueble de cerca de 90 hectáreas en 1988 y lo convirtieron en una próspera finca ganadera, donde también se producía maíz, yuca, ajonjolí, limón y otros productos propios de la región”.
La masacre de Las Palmas ocurrió el 27 de septiembre del mencionado año, cuando miembros del Bloque Montes de María de la Autodefensas Unidas de Colombia, reunieron a los habitantes en la plaza central del corregimiento y asesinaron a 4 campesinos reconocidos por la comunidad. La acción violenta produjo el éxodo de más de 500 familias y dejó el corregimiento abandonado por varios años.
Durante el proceso judicial, la Alianza Fiduciaria S.A., presentó oposición a la restitución, actuando como vocera y administradora del patrimonio autónomo al que la empresa Tierras de Promisión S.A. transfirió el dominio del bien inmueble para usufructuarlo.
A lo largo del litigio, el opositor buscó demostrar buena fe en los negocios jurídicos por medio de los cuales adquirió el predio, sin embargo, en el fallo proferido a favor de las víctimas, el Tribunal declaró no probada la buena fe exenta de culpa y estableció que la empresa compradora constituyó usufructo en el municipio de San Jacinto sobre más de 15 predios, “lo que evidencia acumulación de tierras en una zona que sufrió fuertes embates del conflicto armado y donde se produjeron desplazamientos masivos, como quedó demostrado con la masacre de Las Palmas, situación que debió tener en cuenta la fiducia”.
El operador judicial también señaló la existencia de una anotación en el folio de matrícula inmobiliaria del predio que indica una medida cautelar de prevención inscrita por el Comité de Población Desplazada de San Jacinto. Este hecho requería que la Fiduciaria verificara las circunstancias que rodearon la venta por parte de los anteriores propietarios para que ésta no estuviera motivada por las dinámicas del conflicto armado.