Por irregularidades administrativas, investigan a exgerente de hospital local en Barranco de Loba-Bolívar
Una denuncia sobre presunto uso fraudulento de identidad y contratación ficticia, fue instaurada en contra de Erica Ibeth Cossio Moreno, quién se desempeñó como gerente de la Empresa Social del Estado José Rudencio López Parodi de Barranco de Loba, Bolívar, durante el periodo 2016-2019.
En la querella instaurada por el médico Luis Alberto Ramos Ávila, ante la Procuraduría provincial de El Banco-Magdalena, se reveló la utilización de su nombre, falsificado su firma y otros documentos para celebrar y pagar ocho contratos de prestación de servicios entre 2017 y 2019 por $ 95 millones en el hospital local de Barranco de Loba.
Por está situación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, notificó al galeno para que declarara los ingresos recibidos como contratista de esa entidad.
Una investigación más profunda hecha por la actual administración del hospital, descubrió más contratos de prestación de servicios presuntamente ejecutados y pagados a otros dos médicos que aseguran nunca haber tenido relación contractual con dicha entidad.
Tras conocer la denuncia y el sustento probatorio allegado en ella, la Procuraduría ordenó abrir investigación contra la funcionaria en mención.
“Existen hechos constitutivos de falta disciplinaria sobre los cuales en principio se presume pudieron ser cometidos por la señora Érica IBeth Cossio Moreno (…) se le investigará por haber realizado o permitir que se realizaran contratos ficticios, además por haber ordenado o permitir que se realizaran pagos a personas que no prestaron servicios ni tuvieron vínculo real con la ESE que ella representaba y permitir que de manera fraudulenta se hiciera uso de nombres, identidades, hojas de vida y documentos”, asegura el auto de apertura.
Entre las pruebas solicitadas a la ESE están el listado de la planta de personal y todos los contratos firmados entre 2018 y 2019 con nombres e identidades de contratistas y supervisores, objetos contractuales, fechas, plazos de ejecución y valores, esto con el fin de establecer si existen más casos.
El Ministerio Público también solicitó las identidades y datos de quienes ejercieron como presuntos supervisores de los falsos contratos, y de quienes ocuparon cargos como jefes de Talento Humano, Tesorero y Pagador de la ESE para la época de los hechos, además de toda la documentación referente a órdenes de pago y soportes de egreso, entre otros, con el fin de cuantificar el presunto desfalco y determinar cómo se habría organizado la red que ejecutó los presuntos delitos, que además constituirían faltas disciplinarias gravísimas.