Alertan por presencia de grupos al margen en zona rural de Barranco de Loba, sur de Bolívar

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Medidas de protección inmediatas para los habitantes del corregimiento de Pueblito Mejía en Barranco de Loba, viene solicitando la Defensoría del Pueblo a través de la Regional Sur de Bolívar, ante la posibilidad actos violentos por parte de organizaciones al margen de la ley.

En un oficio enviado a la Alcaldía municipal, Ministerio de Defensa, Batallón de Infantería Mecanizado No 5 «General José María Córdova”, comandante de Policía Bolívar, Gobernación y Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo advierte sobre la situación de riesgo inminente en que se encuentra la población, debido a la presencia y las acciones violentas de grupos armados ilegales en la zona.

En sus labores de seguimiento y monitoreo frente a escenarios de riesgo que impliquen violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Defensoría recibió información sobre una presunta incursión armada del ELN en el corregimiento, situación que tiene en estado de alerta y zozobra a la comunidad. Lo anterior podría derivar en amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, entre otros.

Dicho riesgo se incrementa si se tiene en cuenta que también se ha recibido información sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC, quienes el pasado mes de mayo adelantaron un paro armado en el municipio, con quema de vehículos, disparos al aire, grafitis, circulación de panfletos y audios con amenazas, entre otros.

La Defensoría del Pueblo ha participado en distintos Comités de Justicia Transicional y el pasado 15 de julio en una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas- CIPRAT, realizada en atención al seguimiento de la Alerta Temprana 020 de 2020, dada la difícil situación humanitaria en la que se encuentran los habitantes del corregimiento Pueblito Mejía, definidos como sujetos de especial protección por parte de la Corte Constitucional.

Finalmente, el organismo reitera la posible consumación de violaciones a los derechos humanos de la población civil, y hace un llamado los grupos armados ilegales a cumplir con los principios del DIH y requiere a las entidades locales, departamentales y nacionales, acciones de prevención y atención humanitaria para estas comunidades.

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